Un plan para prevenir los delitos en instituciones
educativas
A nivel mundial la violencia está tomando grandes
espacios, afectando el ámbito personal, educativo, familiar, económico y
político. Diferentes estudios y teóricos la ubica como uno de los
principales flagelos de las instituciones educativas que impiden el cumplimiento
de las tareas pedagógicas, presentándose como un obstáculos, un evento
inesperado para el logro de objetivos en el ámbito escolar. La sociedad
venezolana no escapa de esta realidad y son muchos los casos de violencia que
día a día ocurren e inciden en nuestro país generando miedo, angustia, terror y
estrés.
En el contexto educativo presentan en algunos de
sus miembros violencia, la cual es influenciada por un entorno altamente
agresivo que se desarrolla dentro o fuera de la institución, provocando espacios
hostiles, inseguridad, malestar, enemistad, entre otros; que atentan contra la
convivencia armónica de cada unos de los actores del ámbito educativo. Es
por ello, que las políticas educativas tienen que dirigirse a fomentar la
convivencia y espacios para la paz en los entornos educativos con acciones
encaminadas a promover comportamientos enmarcados en la ética y la moral,
propiciando ciudadanos participativos, creativos, críticos reflexivos
apoyados en los valores humanos con una visión: “Construir un mundo mejor”
donde exista la tolerancia, el respeto, la igualdad y sobre todo el amor.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) señala que, entre las causas más importantes de esa violencia, se
encuentran la pobreza, el trabajo infantil, la trata de menores, el sida, la
ubicación en lugares geográficos remotos, una infraestructura deficiente, el
origen étnico, la escasa categoría social de las mujeres y la falta de
educación de las madres, los conflictos civiles y los desastres naturales. Muy
a menudo estas causas se superponen las unas a las otras, y no siempre resulta
fácil diferenciar cómo se relacionan entre sí para ejercer su influencia en la
educación.
Según encuesta realizada por la empresa chilena
denominada Corporación Latinobarómetro (2012) Venezuela esta ubicada entre los
6 países de América Latina menos violentos. Es en estos avances donde la
seguridad ciudadana emerge hoy en día como el problema principal
de América Latina. Esta encuesta cita la inseguridad en Venezuela en
un 61% con un promedio regional de 28% de los encuestados para el
año 2011 dando como respuesta que la inseguridad es el problema primordial
que afecta al país.
Para Lagos directora de Latinobarómetro, una
organización líder en encuestas, y Dammert es una destacada especialista de la
seguridad pública en América Latina. Ellas revisan los datos de opinión
procedentes de 18 países de América Latina a partir de 1995 hasta el presente.
Su punto central es que el problema de la delincuencia varía significativamente
de un país a otro, pero la cuestión, sin embargo, domina la agenda en todos los
países. "Se trata de una región ‘capturada' por el clima de opinión de que
el crimen, la delincuencia, se ha tomado la agenda informativa y domina las
comunicaciones sociales".
Un obstáculo fundamental para comprender la
delincuencia es que los datos procedentes de fuentes oficiales son inexistentes
o de muy mala calidad, lo que hace el seguimiento de los cambios a través del
tiempo bastante peligroso, así como las comparaciones entre los países
prácticamente imposible. Por ello, tenemos que confiar en las encuestas de
victimización, que tienen sus propios problemas. Latinobarómetro reporta
los porcentajes de quienes dicen que ellos o algún miembro de su familia ha sido
víctima de un delito en los últimos 12 meses. En la encuesta 2011, la tasa
media de victimización por crimen de la región fue de 33%. México reportó la
tasa más alta, 42%, seguido por Perú, con 40%.
De acuerdo con los razonamientos que se han venido
realizando, se evidencian estudios relacionados con los postulados inmersos en
esta investigación entre quienes se destacan Rodríguez (2008)
elaboró una investigación titulada “ Programa de orientación personal- social
para promover la no violencia, dirigido a docentes de educación básica,
presentada en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) la
investigación tuvo como propósito proponer un programa de orientación personal
y social el cual partió de la problemática existente en algunos planteles a nivel
oficial donde se plasma y se evidencian los altos índices de violencia entre
los niños, las niñas y adolescentes.
La violencia estudiantil es una de las
características más resaltantes que afecta las instituciones educativas
especialmente manifestada en las relaciones interpersonales entre los niños
niñas y adolescentes de las difeentes instituciones. Mucha es la violencia
observada en los ambientes de clases impidiendo que se desarrollen las
actividades académicas como se han planificado recordemos que los estudiantes
repiten en los planteles educativos lo que de costumbre hacen en sus hogares.
Todas estas situaciones afectan directamente la
correcta socialización de los individuos, sobre todo cuando a este panorama se
suman los estallidos sociales caracterizados en su mayoría por un alto
grado de violencia, la cual luego se convierte en el común denominador de la
actuación de los individuos, lo que coloca a la población en situaciones de
riesgo social.
Los aspectos sociopolíticos, culturales y económicos tales como
pobreza extrema, ausencia de estabilidad política, desintegración y
disfuncionalidad familiar, analfabetismo, ocupan un lugar preponderante como
factores generadores de grandes delitos; lo que proporciona un excelente
escenario para la aparición de una amplia gama de conductas antisociales, entre
las que destacan la inseguridad social, maltrato infantil, violencia familiar,
doméstica y estudiantil.
Sobre esa misma perspectiva Rada (2009) presenta
un trabajo de investigación que llevó por nombre “Diagnóstico Delictivo en
la ciudad de Valencia Estado Carabobo” el cual fue presentado en el Instituto
de Investigaciones criminalísticas Dr. Héctor Antonio Nieves de la facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo el autor presentó
un diagnóstico, cuyo objetivo era contribuir a mejorar la capacidad de
organización de la sociedad civil para diseñar, ejecutar y evaluar los
proyectos de prevención comunitaria de los delitos.
Este diagnostico permitió que el reconocer que los
planes de prevención del delito en las comunidades son muy escasos y los que
hay son poco conocidos por las comunidades, es de vital importancia unificar
esfuerzos para consolidar una real cultura preventiva que parta de la
misma realidad social donde se valla aplicar el programa o plan, ya que a
través de este se observan los contextos pudiendo así apreciar las debilidades,
las fortalezas, las amenazas y las oportunidades existentes para así desde el
punto y círculo activar los mecanismos que se adapten al contexto..
En la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela en su preámbulo se consagran los derechos humanos con el fin de
fortalecer la ciudadanía e igualdad real, tipifica en el artículo 326; los
principios de la seguridad de la nación, así mismo en el artículo 332
especifica que El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden
público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares, familias, apoyar las
decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de
las garantías y derechos constitucionales de conformidad con la ley, debe
organizar los órganos de seguridad ciudadana.
Es importante resaltar, que con el sacrificio de
nuestros antepasados se logro establecer el fin supremo de refundar la
República para constituir una sociedad democrática, participativa y protagónica, en
un Estado de justicia, donde se asegure el derecho a la vida, el trabajo, la cultura y la educación;
sin discriminación ni subordinación.
En el artículo 2 de la CRBV se considera que esta es un Estado democrático y social
de derechos y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de
su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, y en general la preeminencia de
los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Por su parte,
el artículo 102 menciona, entre otros aspectos, que la Educación es
un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y
obligatoria. El Estado asumirá la Educación como función indeclinable en todos sus niveles y modalidades
y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico
al servicio de la sociedad. De igual manera, la Carta
Magna plantea que toda persona tiene derecho a una educación de calidad sin discriminaciones. La misma es obligatoria
a todos los niveles hasta el pre-grado. El Estado dispondrá los recursos necesarios para hacer realidad el acceso,
permanencia y culminación de los estudios. Ademas de ello, la educación
estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica,
estimulando su actualización permanente, estabilidad en la carrera docente y un
régimen de trabajo que le garantice un nivel de vida acorde a
su misión. Otra ley es el Código Penal donde se
encuentran plasmadas las sanciones de los delitos comunes que afectan la
comunidad.
Esta investigación contribuye en la formación
integral del ser humano en el desarrollo de habilidades para facilitar la
interpretación del medio que lo rodea, se debe motivarlos e incentivarlos
para que tengan una conducta participativa y responsable, como fundamento
para la convivencia social, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, ya que
en la actualidad son más notables los problemas que se suscitan en las
diferentes comunidades e instituciones educativas, por esto se hace necesario
emprender una labor orientada y articulada que conlleve a formar la base para
una irrupción de nuevas prácticas que a su vez son causas de una transformación
social, permitiendo una corresponsabilidad en la solución del problemas.
De acuerdo a lo antes expuesto, es justo y
necesario la creación e implementación de proyecto o planes que permita que los
actores sociales reconozcan a los planteles educativos como centro primordial
en la formación del nuevo hombre con conciencia social para que interactué con
su medio, además de todos los entes que puedan vincularse con él, de esta
manera se debe involucrar a miembros de las instituciones, docentes,
estudiantes padres y representantes brindándole orientaciones para tal fin,
esto representa una alternativa viable, humana e integradora para hacer
frente y así atender eficazmente las situaciones de criminalidad que generan
los delitos bajo la cultura de la prevención comenzando desde
el área educativa para luego gradualmente erradicar esa situación.
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